La prevención delictiva en la empresa: el compliance penal

18.05.2021

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se implantó en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal. A partir de su entrada en vigor, el 23 de diciembre de 2010, son muchas las dudas e inseguridades que se han ido afianzando en el seno de empresas y profesionales en relación a la misma, y entre todo ese desconocimiento, el llamado compliance penal ha resultado una nueva herramienta de expansión para pequeñas y medianas entidades jurídicas que ofrecen sus servicios de prevención delictiva y no siempre cumplen con la formación, experiencia, calidad y requisitos técnicos que requiere ésta materia.

Pero vayamos por partes, ¿qué es el compliance penal?

Una traducción aproximada de éste vocablo inglés sería el "estar de acuerdo en..." o "estar en cumplimiento de..." (to be in compliance with...) en éste caso, de la legislación penal vigente. Y en la práctica, no es sino la confección de un Programa de Prevención de Delitos (en adelante, PPD) en la empresa, cuyo objetivo es una vez analizado los riesgos concretos que acechan a la compañía, evitar que ocurran infracciones penales en la misma, y en caso de producirse, exonerar a la persona jurídica de las mismas o al menos atenuar su responsabilidad.

El nuevo artículo 31 bis del Código Penal exige a la empresa un deber de control, por lo que de no disponer de un PPD ajustado al marco de actuación de la organización ya constituirá per se un incumplimiento. Se equipara pues, a la obligatoriedad de disponer de un Programa preventivo de Riesgos Laborales.

Y no cualquier despacho jurídico puede hacer un adecuado PPD a una compañía, pues éste requiere una visión multidisciplinar donde se integren diversos conocimientos con el objetivo de dotar al mismo del contenido necesario, el cual en mi opinión debería al menos recoger los siguientes puntos:

- Análisis de los riesgos generales del sector de actividad al que pertenece la empresa, y de los riesgos concretos que posee ésta.

- Cálculo de la dotación económica necesaria para impedir la comisión de delitos que han de prevenirse.

- Diseño de un protocolo de adopción de decisiones y su ejecución.

- Confección de las medidas preventivas concretas y de detección de delitos en la compañía.

- Compromiso de advertir al empleado por escrito de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano encargado del control del PPD, que lleve aparejado un sistema disciplinario sancionador.

- Ejecución de un control periódico sobre el Programa, realizando las modificaciones pertinentes si se detectaran infracciones de relevancia o surgieran cambios en cuanto a la gestión, control o actividad propia de la organización.

Es por ello que la confección de un PPD no puede dejarse en manos únicamente del derecho, es necesario que participen en él, al menos, la criminología, la economía, la psicología y la sociología, bien sean centradas en un único profesional o en varios, pero que garantice que el programa preventivo nace de los conocimientos suficientes y ofrece la calidad que requiere para desplegar su máxima efectividad.

De hecho, ¿acaso el derecho de forma aislada es capaz de confeccionar un mapa de riesgos previo análisis de la organización y estructura empresarial? ¿Acaso son suficientes los conocimientos jurídicos para analizar y describir las conductas de los empleados de la organización tras la implantación del PPD? Es justo resaltar en defensa de ésta tesis que lo primero que observaría un Juzgado instructor a la hora de imputar o no un delito a la persona jurídica sería si el Programa preventivo que se implantó, reunía la calidad e idoneidad necesaria para que fuera capaz de prevenir el delito que finalmente se ha cometido, pues de verificarse que no reunía dichos requisitos la organización empresarial será imputada.

Tras todo lo expuesto parece claro que la función principal de un programa de compliance penal se dirige a eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica en caso de producirse una infracción penal. Pero no acaba ahí sus posibilidades, sino que puede servir para atenuarla en el caso de que finalmente resulte imputada si el Juzgado sentenciador -previa aportación del Programa preventivo como prueba a la causa- verifica que la empresa disponía de un PPD adecuado y ajustado a su actividad. Incluso para el hipotético caso de que resultare condenada, las modificaciones pertinentes hechas a posteriori en el Programa al objeto de que no vuelva a producirse infracción alguna, sumado ello al pago de las responsabilidades civiles generadas por el daño causado, podría dar lugar a la suspensión de la pena impuesta.