Covid-19: La comisión delictiva tras la declaración del estado de alarma

19.02.2021

En la historia de la democracia española se ha declarado en dos ocasiones el estado de alarma, siendo la primera de ellas por Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, a consecuencia de la huelga de controladores aéreos, y la segunda por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a fin de afrontar y gestionar la crisis sanitaria que hoy nos ocupa provocada por el coronavirus (COVID-19), la cual ante su propagación a nivel mundial fue calificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo.

Toda nueva situación social que acontece en un territorio conlleva de forma automática que se acentúe la comisión de una concreta serie de delitos relacionados con la misma, manteniéndose el resto de conductas delictivas habituales o incluso reduciéndose en beneficio de las primeras. Así, a consecuencia del COVID-19 hemos sufrido una importante alteración del desarrollo de nuestras actividades diarias usuales y los delincuentes no han tardado en buscar nuevas víctimas aprovechando la fragilidad provocada en ciertas áreas por la declaración del estado de alarma.

Por ello podemos afirmar que la crisis sanitaria que actualmente vivimos, entre otras consecuencias, ha traído una notable repercusión en el ámbito penal, despuntando ilícitos concretos que merecen especial atención ya que podrían mantenerse -incluso aumentar- durante la vigencia del estado de alarma. Sin ánimo de efectuar una lista cerrada, se pueden señalar como delitos muy habituales en la actual situación, las siguientes conductas.

1.- Los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad (arts. 550 a 556 del Código Penal) son verdaderos protagonistas en éste período. El delito de atentado del art. 550 castiga a quien agrediere u opusiere resistencia grave a la autoridad y sus agentes, docentes, bomberos y personal sanitario en ejercicio de sus funciones, con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses. Por su parte el art. 556 prevé penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses a quienes, no cumpliendo los requisitos del art. 550, se resistieren y desobedecieren de forma grave a la autoridad, así como multa de uno a tres meses a quien le falte al respeto y consideración en ejercicio de sus funciones. Sobre todo, hemos visto un significativo aumento de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad cometidos por aquellas personas que han hecho caso omiso al confinamiento y sin justificación alguna han permanecido en la vía pública, en algunos casos negándose a regresar a su domicilio incluso faltando al respeto a los agentes. Si las conductas anteriormente indicadas no llegan a constituir delito, son castigadas como infracciones administrativas mediante multas, siguiendo lo previsto en la Ley de Seguridad Ciudadana.

2.- Los delitos de estafa, phising, y otros fraudes cometidos a través de internet (arts. 248 y ss. del Código Penal) también han aumentado notablemente su existencia en estos días aprovechando que la ciudadanía pasa mayor tiempo delante del ordenador, el teléfono móvil o la tableta, bien sea por ocio o teletrabajo. Las estafas más comunes se están produciendo en la venta online de material sanitario esencial que, o bien jamás llega al comprador, o bien llegan productos que no cumplen las características anunciadas o requeridas. De otro lado, las autoridades también alertan sobre la intensificación de campañas de phising, que pretenden obtener información confidencial de la persona (datos, contraseñas, claves de acceso, tarjetas de crédito...) y se presentan como una falsificación de páginas web, correos electrónicos u otras comunicaciones telemáticas simulando a las verdaderas de una empresa o entidad que el usuario conoce (suplantaciones a UNICEF, OMS, Spotify o Netflix han sido ejemplos de phising), pudiéndose castigar dependiendo de la gravedad del caso, con prisión de seis meses a tres años, y de uno a seis años de cárcel si concurre alguna de las causas agravadas del art. 250.

3.- La difusión de fake news sobre personas y entidades, o con mensajes de peligro y/o alarma han proliferado a ritmo vertiginoso con ocasión del COVID-19, bien por redes sociales, cadenas de whatsapp u otros medios de divulgación masiva. Si la información falsa persigue menoscabar gravemente la fama o dignidad de otra persona o entidad podría castigarse como delito de injurias con publicidad (art. 209 del Código Penal) con pena de multa de seis a catorce meses; y si su intención es atribuir a otro la comisión de un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, podría constituir un delito de calumnias con publicidad (art. 206) penado con prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. Finalmente si lo que se difunde son mensajes alarmistas, en concreto en estos momentos sobre una falsa propagación del virus, datos simulados de nuevos contagiados o fallecidos, u otras comunicaciones que creen una situación de peligro y emergencia a la sociedad, podría castigarse como delito de desorden público (art. 561) con pena de prisión de hasta un año o multa de tres a dieciocho meses.

4.- Delitos de odio (arts. 510 y ss. del Código Penal). Con ocasión de la lucha contra el COVID-19 por parte de distintos sectores y la gestión política y administrativa que se está efectuando para combatir la pandemia, ya se están interponiendo querellas contra personas que amparándose en el anonimato que otorga las redes sociales, escribieron publicaciones incitando al odio, hostilidad y violencia contra colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dirigentes políticos del Gobierno, conductas que podrían ser castigadas con pena de dos años y seis meses a cuatro años de prisión y multa de nueve a doce meses si fueron hechas a través de internet u otro medio de comunicación social con el que se hicieron visibles a un número elevado de personas.

5.- Violencia de género. Aunque aún no se dispone de cifras ni estadísticas exactas, todo hace pensar que el confinamiento a que obliga el Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma, puede disparar los casos de violencia de género ya que se incrementa el número de horas de convivencia obligatoria de las personas en el domicilio. Ese encierro permanente puede, bien dar lugar a nuevos casos de violencia machista en el domicilio común que hasta ahora no habían existido, bien agravar la situación en aquellos supuestos donde ya se estaban produciendo situaciones de maltrato -tanto físico como psíquico- y la víctima no había denunciado con anterioridad. Estos casos de violencia que produzcan a la mujer un menoscabo psíquico, una lesión de menor gravedad o un maltrato sin causar lesión, perpetrados en el domicilio común o en el de la víctima, serían constitutivos del delito del art. 153.3 del Código Penal, que prevé una agravación de la pena de entre nueve meses y un año de prisión; y si la agresión requiere para su curación asistencia sanitaria y tratamiento médico o quirúrgico podría ser constitutivo de un delito del art. 148.4 que contempla pena de prisión de dos a cinco años.

6.- Delito de abandono de animales (art. 337 bis del Código Penal). Los medios de comunicación han informado que se ha producido un incremento masivo de adopciones -principalmente de perros- tras la declaración del estado de alarma, lo cual hace sospechar de si realmente responde a una buena voluntad de la ciudadanía o si obedece a poder tener una buena excusa para poder salir a pasear a la vía pública: si se trata de éste segundo supuesto, podríamos encontrarnos con un gran abandono de animales adoptados cuando acabe el confinamiento, y por tanto ser constitutivo del delito del art. 337 bis del Código Penal que prevé una pena de multa de uno a seis meses, siempre que el abandono pueda hacer peligrar la vida o la integridad del animal.

Todos estos delitos y su notable aumento en estos tiempos constituyen un claro ejemplo de que la declaración del estado de alarma, aunque absolutamente necesaria por un lado, conlleva consecuencias muy negativas por otro. Resulta imposible conocer el tiempo que durará la vigencia de ésta situación, pero desde luego cuanto más se prorrogue en el tiempo más se acentuará la comisión de éstas y otras conductas ilícitas.